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Viernes 11 de abril de 2025

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Cindy Cruz - El Salvador +503 7803 8465

Sandra Díaz - Estados Unidos (773) 638-4278

Alianza Americas expresa su preocupación ante la visita oficial del presidente Nayib Bukele a la Casa Blanca, un evento que representa una señal de alarma para quienes defienden los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia en la región.

La visita de Bukele no sólo representa un reconocimiento diplomático de su gobierno ilegítimo, sino también una señal de evidente de respaldo a un presidente que se ha autodenominado un «dictador cool» y que gobierna a través de un estado de excepción extendido por más de tres años. En ese período, miles de personas, muchas de ellas inocentes, fueron arrestadas arbitrariamente, continúan privadas de su derecho al debido proceso y encarceladas en condiciones inhumanas.

Además, esta visita se da en un contexto de profundización de la externalización de la política migratoria de Estados Unidos, práctica vigente desde la administración Biden. El gobierno de El Salvador, bajo la administración de Bukele, ahora es cómplice de acciones ilegales impulsadas por la administración Trump, incluyendo la detención y deportación de personas migrantes y no nacionales, muchas veces sin respetar los procedimientos legales ni las órdenes judiciales vigentes.

Nos alarma especialmente la creciente colaboración entre ambas administraciones, para detener y trasladar personas migrantes a El Salvador, sin fundamento legal claro y sin garantías mínimas de derechos humanos. El caso de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño protegido por la justicia estadounidense que fue deportado junto a varios ciudadanos venezolanos, detenidos actualmente en la prisión de máxima seguridad en El Salvador, y ejemplifica esta peligrosa complicidad. Este tipo de prácticas no sólo son ilegales e inhumanas, sino que configuran una peligrosa mercantilización de la vida de las personas migrantes. Pese a las declaraciones oficiales, la responsabilidad de la liberación de Kilmar Ábrego recae tanto en el régimen salvadoreño como en el gobierno estadounidense, que tiene los medios para garantizar su retorno seguro a Estados Unidos.

La negociación de un nuevo acuerdo para trasladar personas deportadas desde Estados Unidos a territorio salvadoreño nos lleva a cuestionarnos: ¿Cuál es la base legal para enviar personas migrantes a un tercer país donde no han cometido delito alguno? ¿Por qué se continúa utilizando la política migratoria como herramienta de represión, evasión de responsabilidades y criminalización de quienes buscan protección?

La ciudadanía en El Salvador y en Estados Unidos, incluyendo a las comunidades migrantes y sus familias, merecen gobiernos que actúen con justicia, respeto a los derechos humanos y apego a la legalidad. Ningún acuerdo que viole estos principios debería ser tolerado ni celebrado.

Alianza Americas reafirma su convicción de que la democracia no se mide por la popularidad de un gobernante, sino por su capacidad de respetar la ley, proteger los derechos humanos y gobernar con transparencia. Estados Unidos no debe legitimar el autoritarismo ni premiar la falta de debido proceso.

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Alianza Americas es la principal red transnacional de defensa de los derechos de las personas migrantes latinoamericanas que trabaja en Estados Unidos, en todo el continente americano y en todo el mundo para crear un modo de vida inclusivo, equitativo y sostenible para las comunidades en las Américas.