1 de septiembre de 2020 — El 23 de agosto, Jacob Blake, un hombre afroamericano desarmado, recibió disparos por parte de la policía en Kenosha, Wisconsin. Una vez más, la gente mostró indignación ante el video que denota, nuevamente, el innecesario uso excesivo de la fuerza en contra de las personas afroamericanas en los Estados Unidos. En el video aparece un hombre que no amenaza a la policía sino que se rehúsa seguir sus órdenes y recibe siete disparos en su espalda, mientras tres niños -sus hijos- observan. Milagrosamente, Jacob no falleció; sin embargo, su pronóstico de recuperación es incierto. Las protestas se iniciaron de inmediato en Kenosha.

El 25 de agosto, civiles armados que buscan hacer justicia por mano propia respondieron a una invitación en un grupo de Facebook y se trasladaron a Kenosha “para defender la propiedad privada ante las protestas”. Estos individuos se congregaron alrededor de negocios privados, reclamando su protección. A pesar del toque de queda, manifestantes pro justicia racial y vigilantes se encontraban en las calles cuando un joven de 17 años, que portaba un rifle AR-15, disparó y mató a Anthony M. Huber y Joseph Rosenbaum e hirió a Gaige Grosskreutz. El video muestra cómo, después de los asesinatos y cargando su arma, se dirige a una patrulla policial y estos ignoran el clamor de indignación de los manifestantes que presenciaron el hecho. El atacante fue arrestado hasta el siguiente día, en su hogar, en el vecino estado de Illinois.

El contraste es evidente y doloroso. Un hombre Negro representa una amenaza para la policía aún si camina indefenso en dirección opuesta. Dejar de seguir al pie de la letra las instrucciones de la policía representa un riesgo grave para los hombres Negros. En cambio, un hombre blanco armado caminando en dirección a la policía no es visto como una amenaza, aún si se le señala como el autor de un ataque armado. Esto es racismo sistémico. Es precisamente lo que se necesita abordar y lo que los clamores por reforma están demandando en movimientos como “Black Lives Matter” y otros. Numerosas ligas deportivas y atletas han respondido con huelgas o retirándose de competencias, demandando un cambio.

La justificada desconfianza a la actuación policial está también atribuida a la relación entre departamentos policiales locales y agencias federales. Desde el año 2000, el Condado de Kenosha ofrece en arrendamiento espacios de detención al Immigration and Customs Enforcement (mejor conocido por sus siglas “ICE”) en su cárcel del condado, motivado por los millones de dólares en ingresos anuales. Detenciones migratorias por condados locales se ha vuelto la norma.

Las policías locales que colaboran con agencias federales, como en Kenosha, a menudo aprovechan las infracciones de tránsito para arrestar y retener a los inmigrantes para el ICE, dejándolos en camino a la deportación. No es sorprendente que las personas residentes afrodescendientes y latinas sean más propensas a ser detenidas por la policía que los residentes blancos. Esto se evidencia en la sobrerrepresentación de inmigrantes negros en las acción de control migratorio. Debido a que las comunidades negras son sobrevigiladas por la  policia, sus integrantes están en mayor riesgo de ir a prisión como parte del flujo de la prisión a la deportación. Desde sus inicios, estos sistemas opresivos están dirigidos a las comunidades negras y latinas. A esto se refiere la petición de activistas y consignas de protestas: la policía y el ICE necesitan una transformación radical.

La necesidad de una reforma policial sustancial es evidente. Las imágenes de Kenosha demuestran una evidente discriminación a personas de color por parte de los cuerpos policiales, resultando en el uso desproporcionado de la fuerza, arrestos y condenas penales. El clamor por una respuesta sistemática está a flor de piel. Es necesario reconsiderar el rol de la policía, reevaluar su entrenamiento y políticas de admisión. Personal armado y que actúe bajo apariencia de legalidad debe rendir cuentas por ello. No es sólo un tema de rescindir financiamiento a la policía, sino de transferir esos fondos a agencias de servicio social que pueden intervenir en problemas domésticos, salud mental y conflictos vecinales. Todas las personas necesitamos protección. El uso de la fuerza debe ser el último recurso y no la única respuesta.

El accionar criminal de los vigilantes en Kenosha genera grandes preocupaciones sobre los civiles que puedan tomar un arma y actuar a discreción. Los más recientes sucesos en Portland reflejan los peligros de una confrontación política armada. Es fundamental reconocer que la violencia privada está incrementando. Es una amenaza a la democracia y para toda la población, y debe ser leída en el contexto de unas elecciones extremadamente polarizadas.

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