Por Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas.

San Salvador, 18 de octubre de 2018

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Alrededor de 3,000 migrantes hondureños iniciaron una caravana el fin de semana pasado con el objetivo de cruzar Centroamérica y México para solicitar asilo en los Estados Unidos. Múltiples reportes de prensa consignan que estas personas huyen de la pobreza y de la violencia en su país. Como era de esperarse, el presidente Donald Trump ha seguido la línea de su narrativa antiinmigrante, y ha amenazado con suspender la ayuda económica a Honduras, si no detiene la caravana, y a Guatemala y El Salvador, si permiten el tránsito de estas personas en sus territorios.
Las condiciones de vida de millones de personas en Honduras, Guatemala, El Salvador y muchos lugares de México siguen siendo muy distantes de ser óptimas. Además de condiciones económicas muy opresivas, que han estado vigentes por muchas décadas, la inseguridad ciudadana, combinada con la negligencia del sector privado y los gobiernos en cuanto a crear condiciones dignas de vida, empujan a muchas personas hacia la emigración como única alternativa. El gobierno de los Estados Unidos ha sido un cómplice activo de la falta de oportunidades económicas, como también de la carencia de condiciones óptimas de gobernanza democrática y genuinamente comprometida con los intereses de las mayorías.
El orden político nacional e internacional en lo referente al manejo de la movilidad humana en la región -que vincula a los países de Centroamérica, México y a los EE. UU. – es obsoleto y cada vez más conducente a la violación de los derechos humanos de las personas migrantes.
Mientras las políticas públicas sigan estando basadas en la idea de que los migrantes son una amenaza, en lugar de reconocer que las personas migrantes han sido mayormente una ganancia para los países emisores y receptores, dichas políticas solo seguirán profundizando la violación sistemática de los derechos de las personas.
Por todo lo anterior, la caravana que se originó en Honduras representa una forma de protesta colectiva ante un régimen político nacional e internacional que carece de legitimidad moral en la medida que oprime económica, social y políticamente a tanta gente, y además les niega el legítimo derecho de buscar una vida mejor para las personas y sus familias por medio de la migración.
Independientemente de quién la organizó, o de qué tan bien se ha planificado, la caravana también representa un acto de protesta ante la multimillonaria industria del coyotaje y el pollerismo que extraen jugosas ganancias de la migración no autorizada, y que de paso abusa a las personas migrantes. Es una protesta también ante los actores oficiales que se suman al patrón de abusos de las personas migrantes.
Ha sido vergonzoso como los gobiernos de México y de los países centroamericanos se han venido mayormente sometiendo a la equivocada línea política que dictan los EE. UU., en cuanto a movilidad humana se refiere. En vez de sumarse a los caprichos de Trump, estos gobiernos deberían de unirse en la articulación de una estrategia alternativa para resolver positivamente el desafío de la movilidad humana, al mismo tiempo que se fijen nuevos rumbos en lo referente a cómo ir resolviendo los factores que dan origen a la movilidad humana en este corredor geográfico.
Debemos rechazar el uso oportunista del Partido Republicano de los EE. UU. ante la caravana, lo cual comprueba una vez más que las políticas que buscan suprimir la movilidad humana son un verdadero fracaso, además de representar un despilfarro del dinero de los contribuyentes tributarios de los EE. UU. La caravana es una evidencia más de la herrada manera que la Administración Trump y gobiernos anteriores han bregado con la realidad de la movilidad humana en esta región.
La caravana nos recuerda de lo imperativo de enfocarnos en soluciones verdaderamente nuevas que están basadas en la superación de la desigualdad económica, el desarrollo social inclusivo de todas y todos y a la vez sostenible, la urgencia de reinventar la democracia honesta, transparente, capaz de solventar problemas; y que a la vez, reconozca a las personas migrantes como sujetos sociales a quienes les debemos aprecia, admiración y respeto por sus mil y una contribuciones al bienestar de todos.

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