Datos actualizados a diciembre de 2022 La Asamblea Legislativa prorrogó por 30 días más el Régimen de Excepción aprobado desde marzo de 2022. La prórroga entró en vigor desde el 18 de diciembre. La Constitución de la República de El Salvador establece el Régimen de Excepción para responder a circunstancias extremas, tales como guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o graves perturbaciones del orden público. El Régimen de Excepción permite que se suspendan las libertades de movimiento, expresión, asociación, e inviolabilidad de las comunicaciones. Además, la Asamblea Legislativa puede suspender algunos elementos del derecho a la defensa y de la privación de libertad. Actualmente las garantías constitucionales suspendidas son: Derecho a ser informado(a) de las razones para la detención, prohibición de obligar a una persona a declarar y derecho a la defensa (Art. 12 inciso 2). Duración máxima de la detención administrativa (Art, 13 inc. 2). Inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones (Art. 24). Medidas tomadas durante el Régimen de Excepción: Más de 60,000 personas han sido detenidas según las autoridades, incluidos más de 1,600 niños y niñas. La fase 5 del Plan de Control Territorial, denominada fase de “extracción de pandilleros” incluye el despliegue de 1,500 agentes policiales y 8,500 soldados para los patrullajes en Soyapango, uno de los municipios bajo el cerco militar.
La Asamblea Legislativa prorrogó por 30 días más el Régimen de Excepción aprobado desde marzo de 2022. La prórroga entró en vigor desde el 18 de diciembre.
La Constitución de la República de El Salvador establece el Régimen de Excepción para responder a circunstancias extremas, tales como guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o graves perturbaciones del orden público. El Régimen de Excepción permite que se suspendan las libertades de movimiento, expresión, asociación, e inviolabilidad de las comunicaciones. Además, la Asamblea Legislativa puede suspender algunos elementos del derecho a la defensa y de la privación de libertad.
Actualmente las garantías constitucionales suspendidas son:
Medidas tomadas durante el Régimen de Excepción:
Desgargue infográficos para redes sociales
El Régimen de Excepción permite que las garantías constitucionales y los controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones del Estado se eliminen, así como el derecho al acceso a la información pública. La ausencia de transparencia y de controles administrativos son condiciones que favorecen la corrupción.
Desde el inicio del Régimen de Excepción al menos 90 personas fallecieron mientras se encontraban detenidas.
La violación del principio de inocencia en la mayoría de los casos significa un atentado a la integridad física y emocional de las personas detenidas. El concepto de peligrosidad estigmatiza y condena sin razón a las personas por su condición social y económica, generando en este caso consecuencias penales: la detención y persecución penal.
La duración del régimen de excepción por más de 10 meses refleja la incapacidad del gobierno de El Salvador para atender la situación de violencia e inseguridad por los medios regulares, aplicando un enfoque reducido, restrictivo y punitivo que no resuelve el problema de raíz e imposibilita la gestión de soluciones desde una perspectiva amplia y bajo la garantía de los derechos humanos.
