El 19 de febrero de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que requiere que todas las agencias federales identifiquen los programas que permiten a las personas sin estatus acceder a cualquier programa público financiado con fondos federales y tomen medidas para denegar el acceso a esos servicios. Esta acción se dirige no solo a los programas de prestaciones públicas financiados con fondos federales que llegan directamente a las personas, sino también a los fondos federales proporcionados a los proveedores de servicios, como las instituciones de salud. Las personas sin estatus tienen derecho a muy pocas prestaciones públicas federales, y el acceso a estas prestaciones limitadas ha sido autorizado por la legislación federal. La orden ejecutiva es otro ataque más destinado a confundir a las comunidades de personas inmigrantes y a continuar con la narrativa de que las personas inmigrantes están poniendo a prueba la red de seguridad social de Estados Unidos.

La orden ejecutiva afirma que su objetivo es defender las leyes establecidas por la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidad de Trabajo (PRWORA, por sus siglas en inglés) de 1996, una legislación que reformó la asistencia social imponiendo requisitos de trabajo, limitando las prestaciones y restringiendo la ayuda federal para muchas personas no ciudadanas. Las personas inmigrantes en situación irregular ya tienen restringido el acceso a la mayoría de los programas federales, incluidos Medicaid (para casos que no son de emergencia), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y la ayuda a la vivienda. PROWRA también creó dos categorías de inmigrantes a efectos de elegibilidad para las prestaciones: “cualificados” y “no cualificados”. La ley excluía a muchas personas de ambos grupos de la posibilidad de optar a muchas prestaciones, con algunas excepciones. 

La categoría de personas inmigrantes “cualificadas" incluye:

• Residentes permanentes legales o Legal Permanent Resident (personas con tarjeta verde) que hayan vivido en EE.UU. durante al menos cinco años.
• Refugiadas a las que se ha concedido asilo o la suspensión de la deportación, y quienes se encuentran en situación de entrada condicional.
• A quienes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha concedido libertad condicional por un periodo de al menos un año.
• De nacionalidad cubana o haitiana.
• Algunos casos de inmigrantes víctimas de maltrato, incluyendo a sus hijos y padres. 
• Sobrevivientes de la trata de personas.
• Residentes en Estados Unidos en virtud de un Pacto de Libre Asociación (COFA)

Todas las personas inmigrantes, incluidos quienes no tienen estatus regular, se consideran “no cualificados“, incluidos aquellos con protección temporal como DACA y TPS.

¿Qué incluye la orden?

Identificar y corregir: Las agencias federales tienen instrucciones de identificar e informar sobre los programas que permiten a las personas inmigrantes indocumentadas recibir beneficios y tomar medidas correctivas para alinear estos programas con la ley federal en un plazo de 30 días. 

Restricciones a los fondos federales: La orden pretende garantizar que los fondos federales proporcionados a estados y localidades no apoyen “políticas santuario”,  ni faciliten de otro modo la inmigración irregular. 

Verificación aumentada: Las agencias están obligadas a mejorar los sistemas de verificación de elegibilidad (como los  sistemas utilizados por los estados para determinar si un solicitante es elegible para Medicaid o SNAP) para evitar que las personas no elegibles accedan a los beneficios financiados por los contribuyentes.

¿Cómo puedo proteger a mi comunidad de los efectos amedrentadores de esta orden?

• Comparta mensajes con su comunidad haciéndoles saber que esta orden ejecutiva no cambia nada y que deben seguir utilizando los programas.
• En la medida de lo posible, facilite recursos para que los miembros de su comunidad que reúnan los requisitos puedan solicitar y participar en los programas a los que tengan derecho.
• Informe a los funcionarios electos sobre los efectos nocivos de las tácticas de alarmismo como esta orden, y de los planes para cerrar numerosas agencias gubernamentales y recortar programas que benefician a amplios sectores de la población. 

Puntos de discurso

• Esta orden ejecutiva no hace nada para cambiar el acceso ya restrictivo a los programas financiados con fondos públicos, y está destinada a seguir difundiendo desinformación y miedo.
• Recortar los fondos federales perjudica a quienes utilizan estos programas y creará un grave efecto paralizador, especialmente para los niños ciudadanos estadounidenses que viven en una familia de estatus mixto.
• Las personas inmigrantes -independientemente de su estatus- contribuyen significativamente a la economía y a la red de seguridad social de Estados Unidos.
• Mientras Trump continúa destrozando las agencias federales que proporcionan programas y recursos a la comunidad, la Administración está encontrando maneras de distraer al público al continuar culpando a las personas inmigrantes por los problemas que ellos no quieren resolver.
•  Esta orden amenaza aún más la financiación federal que reciben los estados y las localidades para servicios esenciales que benefician a todos las personas que viven en los Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio.
• A pesar de estar excluidos de la mayoría de los programas federales, se calcula que las personas inmigrantes en situación irregular contribuyen con 96,700 millones de dólares anuales a los impuestos de Estados Unidos y cotizan a la Seguridad Social y a Medicare sin poder reclamar nunca prestaciones. 
• Mientras la oligarquía estadounidense sigue culpando a las personas en situación  vulnerable mientras hacen uso de sus impuestos, debemos denunciar estas mentiras y demostrar que son las corporaciones codiciosas y los multimillonarios como Donald Trump y Elon Musk son la verdadera carga para los recursos públicos y están desmantelando nuestros sistemas de atención.
• Los programas de la red de seguridad social son derechos públicos a los que todas las personas deberían tener acceso. El papel del gobierno es garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a oportunidades y recursos que aseguren su bienestar. 
• La administración debe concentrarse en reforzar los programas sociales y los sistemas de atención para promover la salud, el bienestar y la prosperidad para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

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