Contenido de la Decisión

• El 31 de marzo, el Juez Edward Chen de la Corte del Noveno Circuito emitió una decisión en el litigio Alianza Nacional TPS vs Noem en la que ordenó detener temporalmente la cancelación del alivio en contra de la deportación y los permisos de autorización de empleo para aproximadamente 350 mil personas beneficiarias del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela. La cancelación estaba supuesta a entrar en efecto el 7 de abril de 2025.
• Las personas beneficiarias de la designación de TPS de Venezuela de 2023 mantendrán vigentes su protección en contra de la deportación y sus permisos de autorización de empleo por lo menos hasta el 18 de Octubre de 2026 o hasta que se resuelva el litigio en la corte.

Argumentos de la Demanda

• Las personas demandantes, sostuvieron que la repentina reversión de las protecciones por parte de la Secretaria Noem violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece procedimientos específicos para las agencias federales al implementar cambios de política. Las personas demandantes también argumentaron que la decisión de Noem estaba motivada por prejuicios raciales y políticos.
• Las personas demandantes también demostraron la posibilidad de que las acciones de la Secretaría de Seguridad Nacional no estén autorizadas en la ley, sean arbitrarias, caprichosas, y están motivadas por una animadversión, que es inconstitucional. 
• La administración del ex presidente Biden otorgó por primera vez el TPS a nacionales de Venezuela en marzo de 2021, considerando la creciente inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de que terminara su periodo presidencial, el 17 de enero de 2025, la administración de Biden extendió las protecciones por 18 meses adicionales. Dicho anuncio fue emitido por el ex secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas el 17 de enero de 2025. La decisión del juez del 31 de marzo se aplica a nivel nacional a la designación de TPS para Venezuela de 2023.
• El fundamento de la extensión del TPS para nacionales de Venezuela otorgada en 2023  fue el siguiente: “Las condiciones extraordinarias y temporales que impiden que personas ciudadanas venezolanas regresen de manera segura incluyen las graves crisis económicas y políticas en curso dentro de Venezuela, que tienen un impacto en todos los sectores, incluido el acceso limitado a alimentos, servicios básicos y atención médica adecuada, y el deterioro del estado de derecho y la protección de los derechos humanos.”
• Tras las decisiones de anulación y terminación de la extensión del 17 de enero, tomadas por la Secretaria Noem el 28 de Febrero de 2025, la Alianza Nacional TPS presentó una demanda, en la que describieron tres pretensiones de reparación:

1- El gobierno violó la Ley de Procedimiento Administrativo porque la decisión de la Secretaría de anular la extensión de la Designación de 2023 fue arbitraria y caprichosa. Fundamentalmente, la Secretaria no tenía la facultad para reconsiderar la extensión del TPS de su antecesor. “El estatuto del TPS regula cuidadosamente la duración de las extensiones del TPS, las condiciones bajo las cuales pueden ser terminadas y el cronograma para hacerlo. La Secretaria Noem no tenía la facultad para anular una extensión del TPS bajo el cronograma y los procedimientos utilizados en este caso”.  Además, la Secretaria “objetó la prórroga para permitir que las personas beneficiarias del TPS de 2021 se inscribieran bajo la prórroga de 2023, pero no consideró que los beneficiarios del TPS de 2021 también eran necesariamente elegibles para el TPS bajo la designación de 2023”.

2- Además, el gobierno infringió la Ley de Procedimiento Administrativo (APA por sus siglas en inglés) porque la decisión de la Secretaría de terminar la designación de TPS de 2023 fue arbitraria y caprichosa. Por ejemplo, la decisión asumió que las designaciones de TPS son ilegales, y “el proceso de investigación, consulta y revisión que condujo a la decisión se desvió drásticamente de la práctica anterior sin explicación alguna”.

3- El gobierno violó la Cláusula de Igual Protección de la Ley porque las “decisiones de anular la extensión del TPS para Venezuela y de terminar la designación de Venezuela de 2023 fueron motivadas, al menos en parte, por discriminación intencional basada en raza, etnia u origen nacional”. 

Argumentos de la Decisión Judicial

• El Juez Chen determinó que la acción de la Secretaría de Seguridad Nacional puede causar un daño irreparable a cientos de miles de personas, cuyas vidas, familias y medios de vida se verían gravemente afectados; costará a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica; y perjudica la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país. 
• En su análisis, el juez Chen manifestó que los argumentos de la Secretaría Noem de vincular a las personas beneficiarias de TPS con la pandilla Tren de Aragua (TdA) carecen por completo de respaldo probatorio: “Generalizar la criminalidad a la población venezolana beneficiaria del TPS en su conjunto carece de fundamento y denota racismo basado en estereotipos falsos generalizados.” 
• El juez Chen, comparó la situación que viven las personas migrantes de origen venezolano, con la persecución y el daño irreparable que vivieron miles de personas de origen japonés en los campos de internación creados por el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1941, durante la segunda guerra mundial.
• Asimismo, el juez afirmó que el gobierno del Presidente Trump no ha demostrado cuál sería el perjuicio de mantener el TPS para Venezuela. Por estas razones, el Juez Chen concedió la solicitud de posponer las acciones impugnadas hasta que se resuelva el fondo del caso.

Puntos de discurso

• Noem intentó eliminar el TPS con argumentos infundados, sin considerar el impacto devastador en miles de familias y la economía estadounidense.
• La cancelación habría causado un daño irreparable a cientos de miles de familias, afectando la estabilidad económica y social de muchas comunidades.
• La vinculación de las personas beneficiarias del TPS con la pandilla Tren de Aragua fue una generalización sin pruebas, basada en estereotipos racistas.
• Es fundamental que las comunidades inmigrantes y sus aliados sigan organizándose para defender sus derechos y exigir soluciones permanentes.
• ‍

‍