25 de febrero de 2025 - El proyecto legislativo “No Bailout for Sanctuary Cities” (No se rescatará a las ciudades santuario, en español) propone castigar a las jurisdicciones locales por sus políticas de santuario, recortando el financiamiento federal, incluyendo programas sociales que benefician a comunidades enteras. Este proyecto de ley es parte de un esfuerzo mayor para obligar a los gobiernos estatales y locales a someterse a la agenda de deportación de la actual administración.

¿Qué es el proyecto de ley “No Bailout for Sanctuary Cities”?

Es una iniciativa, presentada por el representante Nick LaLota (R-NY) que busca negar fondos federales a las “jurisdicciones santuario”.

‍¿Qué es una jurisdicción santuario?

El proyecto de ley define una jurisdicción santuario como cualquier estado o subdivisión política de un estado (como una ciudad o condado) que prohíbe o restringe a cualquier entidad o funcionario:

• Intercambiar información sobre la ciudadanía o la situación migratoria de una persona con cualquier otra entidad o oficial gubernamental.
• Cumplir con una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en virtud de la Sección 236 o 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) de ejecutar una orden de detención o notificar sobre la puesta en liberta de una persona.

Una jurisdicción estatal o local no debe ser considerada una “jurisdicción santuario” únicamente por tener una política que impide compartir información sobre el estatus migratorio de una persona o cumplir con las solicitudes realizadas en virtud de la Sección 236 o 287 de la INA cuando ella es víctima o testigo de un delito.

‍¿Qué es la Sección 236 y 287 de la INA?

La Sección 236 de la INA se refiere a la aprehensión y detención de personas migrantes. Describe: 

• La facultad del gobierno federal de dictar una orden de arresto y detener o poner en libertad a una persona bajo palabra o fianza. 
• Las condiciones para una orden de arresto, detención y puesta en libertad de una persona migrante.
• La obligación de identificar a las personas migrantes sujetas a expulsión y  poner su identidad a disposición de los funcionarios gubernamentales.

La Sección 287 de la INA describe las facultades de los agentes de inmigración: 

• Interrogar a las personas sobre su estatus migratorio.
• Privar de libertad a las personas que entren o intenten entrar en el país sin permiso, o que hayan cometido un delito grave. 
• Abordar y revisar cualquier embarcación, vehículo o avión que se encuentre a una distancia razonable de la frontera estadounidense para buscar a personas migrantes.
• Emitir una orden de detención para una persona que infrinja cualquier ley relativa a sustancias controladas.

La sección 287 (g) de la INA establece la posibilidad de celebrar acuerdos con los Estados u otras jurisdicciones locales para que sus oficiales o empleados puedan actuar como agentes de inmigración y hacer cumplir las leyes migratorias. Sin embargo, estos acuerdos son voluntarios. Ninguna jurisdicción estatal o local está obligada a comprometerse a cooperar con la aplicación de la ley de inmigración. 

‍¿Qué hace el proyecto de ley?

El proyecto de ley permitiría al gobierno federal retener fondos federales destinados para “jurisdicciones santuario” para prestar servicios públicos como aquellos relacionados a la nutrición, refugio, servicios sanitarios, servicios jurídicos y transporte.

‍Análisis del proyecto de ley

• El proyecto de ley “No Bailout for Sanctuary Cities” busca obligar a las jurisdicciones santuario a cooperar con las autoridades de inmigración. 
• Las jurisdicciones santuario perderían fondos federales para programas de cuidado de salud, nutrición, vivienda, servicios jurídicos y transporte, si benefician a personas indocumentadas. Entre los programas amenazados figuran:
  
  • Programas de almuerzo y desayuno escolares gratuitos.
  • El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños, conocido como WIC.
  • Proyectos de transporte público.
  • Medicaid.
  • Fondos para desastres naturales. 
• Algunas administraciones locales y estatales toman la decisión consciente de atender las necesidades de su población, independientemente de su estatus migratorio, entendiendo su impacto general. Por ejemplo, en materia de salud pública o nutrición.
• En otros casos, los servicios benefician por igual a personas ciudadanas y no ciudadanas, y es imposible distinguir entre las personas que benefician. Por ejemplo, el transporte público. 

• Este proyecto de ley perjudica a las personas inmigrantes indocumentadas y a sus familias, comunidades, incluyendo personas ciudadanas estadounidenses.

Notablemente, los acuerdos 287 (g) pueden ser costosos para los gobiernos locales. Requieren más personal y espacio de detención. Y, lo que es peor, pueden destruir la confianza entre las comunidades y las autoridades policiales locales, lo que se traduce en menos denuncias penales, menos cooperación con la policía y, en última instancia, mayor inseguridad para todos. 

‍Mayor presión para la cooperación en materia de inmigración

Este proyecto de ley forma parte de un esfuerzo más amplio por presionar a los estados y las jurisdicciones locales para que cooperen en la aplicación de las leyes de inmigración. Otras iniciativas bajo este esfuerzo incluyen: 

• Una reciente orden ejecutiva que ordena a las agencias federales identificar y tomar medidas correctivas en los programas financiados con fondos federales que proporcionan beneficios a las personas indocumentadas. 
• Presionar a las autoridades locales para que cooperen, incluyendo negociaciones, como el sobreseimiento de la acusación contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, por cargos de corrupción, a cambio de la cooperación de la ciudad con el ICE. 
• Demandas contra gobernadores y alcaldes por negarse a cooperar con la aplicación de las leyes de inmigración, como consecuencia de la legislación estatal y las decisiones de los consejos municipales que lo prohíben, como la demanda presentada por el Fiscal General contra el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago.  

‍Puntos de discurso sobre el proyecto de ley “No Bailout for Sanctuary Cities”

• Perjudica a todas las personas, migrantes y no migrantes por igual. Al detener fondos críticos para programas públicos esenciales, perjudica especialmente a la población en condiciones de  vulnerabilidad que depende de los programas federales de nutrición, Medicaid y otras iniciativas de salud pública. 
• Las políticas santuario ayudan a fomentar la confianza entre los cuerpos de seguridad y las comunidades locales, creando espacios más seguros para todos. 
• Este es un país federal, donde los estados tienen derechos y sus propias leyes. Celebrar un acuerdo 287(g) es totalmente voluntario. No se debe presionar a los gobiernos locales y estatales para que suscriban costosos acuerdos de aplicación de la ley migratoria que desgastan los recursos locales.
• Este proyecto de ley no solo afecta a las personas indocumentadas, ya que no es posible distinguir a algunos miembros de la comunidad cuando todos compartimos los mismos servicios, aprendemos juntos, vivimos juntos, prosperamos juntos y nos cuidamos mutuamente.
• Este proyecto de ley no tiene en cuenta que las personas indocumentadas contribuyen a las economías locales, pagan impuestos y muchos contribuyen al sistema de Seguridad Social. Las personas inmigrantes indocumentadas son una contribución a los lugares donde viven.

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