¿De qué se trata el proyecto de ley Laken Riley aprobado ayer por la Cámara de Representantes?
El proyecto de ley Laken Riley(H.R. 29) propone alterar la política migratoria para reaccionar de forma desproporcionada ante delitos menores cometidos por personas inmigrantes indocumentadas y ampliar su detención. Sirve para demonizar a las personas inmigrantes y pintarlas como delincuentes, a pesar de la ausencia de relación entre la condición de inmigrante y la criminalidad.
El primer proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes en la primera sesión del Congreso en 2025 fue el proyecto de ley Laken Riley (H.R. 29 del 119th Congress), que ahora pasará a ser considerado y votado por el Senado.
Laken Riley era una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en el campus de la Universidad de Georgia, en febrero de 2024. José Ibarra, un inmigrante indocumentado, fue acusado y condenado por el homicidio. Ibarra había sido citado por el delito de hurto en una tienda previamente.
El Represente Collins de Georgia presentó en dos ocasiones un proyecto de ley con el nombre de Laken Riley que incluye los siguientes elementos:
El 7 de enero de 2025, la Cámara de Representantes aprobó este proyecto de ley. La iniciativa obtuvo 264 votos a favor y 159 en contra. El proyecto fue aprobado con el voto favorable de toda la bancada republicana y 48 representantes demócratas:
Brendan F. Boyle (PA-02), Nikki Budzinski (IL-13), Janelle Bynum (OR-05), Jim Costa (CA-21), Joe Courtney (CT-02), Angie Craig (MN-02), Henry Cuellar (TX-28), Sharice Davids (KS-03), Don Davis (NC-01), Chris Deluzio (PA-17), Shomari Figures (AL-02), Laura Gillen (NY-04), Marie Gluesenkamp Perez (WA-03), Jared Golden (ME-02), Vicente Gonzalez (TX-34), Maggie Goodlander (NH-02), Adam Gray (CA-13), Josh Harder (CA-09), Jahana Hayes (CT-05), Steven Horsford (NV-04), Val Hoyle (OR-04), Marcy Kaptur (OH-09), Greg Landsman (OH-01), Susie Lee (NV-03), Mike Levin (CA-49), Stephen F. Lynch (MA-08), John W. Mannion (NY-22), Lucy McBath (GA-06), April McClain Delaney (MD-06), Kristen McDonald Rivet (MI-08), Dave Min (CA-47), Joseph D. Morelle (NY-25), Jared Moskowitz (FL-23), Frank J. Mrvan (IN-01), Chris Pappas (NH-01), Josh Riley (NY-19), Hillary Scholten (MI-03), Kim Schrier (WA-08), Terri A. Sewell (AL-07), Eric Sorensen (IL-17), Greg Stanton (AZ-04), Suhas Subramanyam (VA-10), Tom Suozzi (NY-03), Emilia Sykes (OH-13), Dina Titus (NV-01), Ritchie Torres (NY-15), Derek Tran (CA-45), and George Whitesides (CA-27).
Establecer la detención migratoria obligatoria en casos de hurto, aumentará la detención por razones migratorias y elimina la facultad discrecional de las autoridades migratorias de dejar en libertad condicional o bajo fianza a personas inmigrantes que enfrentan procesos de deportación, en consideración a la gravedad del delito y a sus vínculos familiares.
La detención migratoria obligatoria ante la acusación o el arresto por hurto es una medida extrema y desproporcional con la gravedad del delito. Como resultado de esta norma, podrán permanecer privadas de libertad por meses personas migrantes, que sean declaradas inocentes o en cuyo favor los mismos fiscales desistan de los cargos, con el avance de la investigación penal. Este proyecto de ley resultará en un incremento en la detención migratoria y generará más gastos por delitos menores, en los que en la mayoría de casos no se considera necesaria la privación de libertad.
Este proyecto de ley resultará en la deportación de personas por delitos menores, como el robo por hambre o desespero, que generalmente no tiene consecuencias migratorias.
Este proyecto de ley exacerbará las inequidades raciales porque las personas negras y de piel oscura son arrestadas en una mayor proporción en los EE.UU., y de ser inmigrantes enfrentarán largos periodos de privación de libertad por razones migratorias.
Este proyecto atenta contra el objetivo de alcanzar la justicia que se supone buscar. Las personas acusadas por delito de hurto no podrán presentarse a las audiencias penales por encontrarse privadas de libertad por razones migratorias. En las circunstancias actuales, es particularmente difícil para los fiscales lograr que personas bajo detención migratoria se presenten ante las cortes penales cuando tiene procesos abiertos en su contra.
Permitir que los estados demanden al gobierno federal por acciones de personas migrantes a quienes se les permitió ingresar al país o fueron puestas en libertad, resultará en frecuentes acciones legales por Fiscales Generales del partido de oposición al gobierno federal.
El ejecutivo enfrentará grandes desafíos para dictar políticas migratorias al legitimar a los Fiscales Generales estatales para demandar al gobierno federal alegando perjuicios económicos superiores a $100. Esto a su vez, inundará a las cortes de demandas frívolas con pretextos migratorios motivadas políticamente.
El hecho de que 48 representantes demócratas hayan votado a favor de este proyecto de ley demuestra que ambos partidos están apoyando políticas contra la migración que no abordan los verdaderos problemas que enfrenta la población estadounidense hoy en día. Estas políticas no abordan las causas profundas de la migración, y no hacen que el país sea más seguro.
El partido republicano aprovechó este delito y la conmoción que causó a nivel local para insistir en su campaña de demonización contra las personas inmigrantes. Casos aislados de delitos violentos contra mujeres jóvenes estadounidenses por parte de hombres inmigrantes son utilizados para demonizar a las comunidades inmigrantes. Se trata de una táctica política para continuar insistiendo en la supuesta peligrosidad o amenaza de las personas inmigrantes. Esto es falso y es tendencioso.
Las causas de los delitos violentos no están asociadas a la nacionalidad de quien comete el delito. Esta ley no evitará que se cometan delitos violentos, que en general no se cometen por personas que cometieron antes delitos de hurto o robo en establecimientos de comercio.
Las personas negras y las personas de origen latinoamericano son vigiladas por la policía de manera desproporcionada. Este proyecto de ley le otorga más poder a los gobiernos xenófobos y racistas para continuar persiguiendo a estas comunidades.
No existe una relación entre el estatus migratorio y la criminalidad. De hecho, en Estados Unidos, las personas inmigrantes proporcionalmente cometen menos delitos que las personas estadounidenses.
Esta norma no evitará actos criminales, no contribuirá a la seguridad de las comunidades, sino que resultará en personas privadas de libertad por razones migratorias por más tiempo, por delitos menores y en demandas frívolas que congestionarán las cortes y paralizarán al ejecutivo, y sobrecargarán a las instituciones responsables de hacer cumplir la ley migratoria.
El proyecto de ley Laken Riley perjudica a todas las personas en EE.UU.