Chicago, IL — En el trigésimo segundo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador resaltamos el valor de estos acuerdos para la nación centroamericana. Tanto por lo que en su momento significó, como a razón de los muchos desafíos que El Salvador ha tenido y que los acuerdos de paz no fueron capaces de resolver. Su configuración no habría sido posible sin la activa participación de la comunidad internacional. Los acuerdos fueron una importante contribución de la diplomacia multilateral que demostró al mundo que el diálogo y la negociación pueden prevalecer sobre la violencia y el conflicto. Para El Salvador, estos acuerdos abrieron la posibilidad de encaminar a esta nación hacia una sociedad más justa, más inclusiva, y genuinamente democrática.
Es crucial reconocer que el conflicto armado al que pusieron fin los Acuerdos de Paz fue el resultado de una historia marcada por abusos de poder e irrespeto a los principios democráticos y los derechos humanos. Desde la independencia en 1821, El Salvador experimentó una inestabilidad política que ha perpetuado la exclusión social, política y económica de las grandes mayorías. Desde cuando menos a principios del siglo pasado, las fuerzas armadas de El Salvador se constituyeron como el factor político determinante en cada momento de conflicto económico, social, y político de la nación.
Los Acuerdos de Paz de 1992, firmados en Chapultepec, Ciudad de México, intentaron romper con esa característica profundamente antidemocrática de El Salvador. A partir de esa premisa, los acuerdos ofrecieron la posibilidad de transitar hacia una nueva nación, inclusiva y participativa, capaz de producir un genuino bienestar económico, social, político y cultural para las mayorías, y no sólo para las élites económicas de siempre. Desdichadamente, esas oportunidades no fueron aprovechadas. Una combinación de factores internos y externos frustraron las promesas de dichos acuerdos.
Actualmente, El Salvador sigue inmerso en una realidad económica sumamente excluyente, únicamente aliviada por los miles de millones de dólares que millones de hogares salvadoreños reciben de sus familiares que residen y trabajan en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos de América.
Los niveles de violencia criminal, medida entre otras cosas por medio de la tasa de homicidios, ha mejorado en el último año, lo cual es algo esperanzador para la mayoría de las personas en la sociedad salvadoreña. Sin embargo, el precio pagado hasta ahora por este logro en el plano de libertades individuales es muy alto. Miles de personas han terminado en la cárcel, sin que hubiera ninguna evidencia en su contra. Desdichadamente, las fuerzas armadas de El Salvador están una vez más al centro de las relaciones de poder político. Los sistemas de contrapesos entre los poderes del Estado han prácticamente desaparecido. Todo lo anterior representa un grave retroceso de lo poco que se avanzó en la construcción de un mejor El Salvador a partir de los Acuerdos de Paz. Todo lo anterior ha marcado el inicio de una corriente autoritaria que pone en duda la promesa de un El Salvador genuinamente democrático y capaz de brindar verdaderas oportunidades de bienestar a la mayoría de la población salvadoreña.
Al recordar los Acuerdos de Paz instamos a las autoridades salvadoreñas a renovar su compromiso con los principios establecidos en tales acuerdos y a tomar medidas concretas para fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. Los acuerdos representan un evento histórico que debe ser un recordatorio constante de la importancia de trabajar por una sociedad justa, inclusiva y pacífica.
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