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Chicago, IL – El 25 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció su plan de exigir a las personas inmigrantes, incluidos los niños desde los 14 años que viven en situación irregular en Estados Unidos, que se registren y proporcionen sus huellas dactilares al gobierno de EE.UU., y que quienes no lo hagan podrían enfrentarse a  posibles sanciones civiles y penales. Este anuncio hace referencia a la implementación de la Sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición inicialmente creada para monitorear e identificar amenazas a la seguridad nacional, categorizadas de manera amplia como subversivas en el momento de su promulgación.

Esta es una estrategia más para aterrorizar a las personas inmigrantes. La administración Trump está frustrada por no haber logrado su indignante e inhumano objetivo de deportaciones masivas, y ahora impulsa una campaña mediática para infundir miedo en nuestras comunidades y forzarlas a regresar a sus países de origen. Además, esto repetiría uno de los episodios más dañinos de la historia de EE.UU., cuando el gobierno utilizó registros para internar a personas inmigrantes japonesas en campos de internación en los Estados Unidos. También reproduce los esfuerzos de registro especial tras el 11 de septiembre, que se dirigieron principalmente contra hombres de países mayoritariamente musulmanes. Esta medida es cruel y, sin duda, conducirá a violaciones de derechos humanos.

“Esta política no es solo una medida administrativa, es una peligrosa herramienta de vigilancia y criminalización que recuerda algunos de los capítulos más dañinos de la historia, incluyendo las tácticas utilizadas por Adolf Hitler para registrar, rastrear y, en última instancia, perseguir poblaciones enteras. Todos debemos luchar contra esta persecución”, declaró Dulce Guzmán, Directora Ejecutiva de Alianza Americas. “Muchas personas que viven en EE.UU. con estatus irregular no están aquí por elección. Debemos recordar los factores sistémicos y estructurales que llevan a las personas a buscar refugio y mejores oportunidades.” concluyó Guzmán.

"La omisión del registro resultaría en un castigo penal o una multa. Esto es desproporcionado e inhumano. En un momento en que el Congreso está debatiendo recortes a Medicaid y Medicare para financiar la aplicación de la ley de inmigración, esta decisión demuestra que, en lugar de priorizar el bienestar de las familias, la administración prefiere continuar con su agenda antiinmigrante,” afirmó Helena Olea, Vicedirectora de Alianza Americas.

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Alianza Americas es la principal red transnacional de defensa de los derechos de las personas migrantes latinoamericanas que trabaja en Estados Unidos, en todo el continente americano y en todo el mundo para crear un modo de vida inclusivo, equitativo y sostenible para las comunidades en las Américas.