Chicago, IL – Hoy se cumple un año desde que la administración Biden aprobó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), una ley que incluye niveles históricos de inversión federal para hacer frente al cambio climático y sus efectos devastadores en comunidades de todo el país. Alianza Americas, una red multiétnica y multirracial de 57 organizaciones de base en 18 estados y Washington D.C. que luchan por unas políticas medioambientales y de inmigración justas y equitativas, reconoce que, aunque la IRA es un paso en la dirección correcta, se queda corta a la hora de propiciar los cambios de infraestructura masivos y transformadores necesarios para abordar la actual crisis climática que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color con bajos ingresos.
“Las familias migrantes se ven a menudo desplazadas de sus países de origen como consecuencia tanto de los desastres climáticos como de los efectos graduales del cambio climático. Aunque existen herramientas para adaptarse a un clima cambiante, las desigualdades en el acceso dan lugar a situaciones que agravan la pobreza y ponen en riesgo la salud de las personas. Las familias migran en busca de mejores condiciones de vida, sólo para encontrarse con retos similares al reasentarse en ciudades contaminadas y zonas de sacrificio en Estados Unidos”, dijo Carolina Ortiz, directora ejecutiva asociada de Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina (COPAL) en Minnesota.
El hecho de que la IRA se centre en proporcionar subvenciones fiscales a los propietarios de viviendas que opten a hacer cambios para que sus servicios domésticos funcionen con energía eléctrica (y no con gas), impide en gran medida que las personas inquilinas, a menudo sobrecargadas con elevadas facturas de servicios públicos, se beneficien de las ventajas de la electrificación. Los inquilinos con bajos ingresos, muchos de los cuales pertenecen a comunidades migrantes, sufren de forma desproporcionada los efectos negativos de la crisis climática por vivir en zonas vulnerables al clima, a menudo denominadas «zonas de sacrificio», donde la resiliencia y la adaptación al clima no se han abordado a fondo a través de políticas. Las soluciones climáticas en Estados Unidos deben hacer más por abordar estas desigualdades sistémicas aceptando la crisis climática como una crisis de salud pública y de vivienda.
“Para combatir la gravedad de la crisis climática que estamos sufriendo, se necesitan medidas drásticas que transformen la relación de nuestro país con el consumo, así como sistemas de transporte público eficientes y fiables, y sistemas energéticos locales de propiedad pública que nos alejen de nuestra dependencia de los combustibles fósiles”, agregó Melanie Minuche, organizadora de Justicia Climática en Alianza Americas.
La administración Biden y las futuras administraciones deben crear y aplicar una política climática que construya la infraestructura para el transporte público electrificado, financie proyectos de energías renovables de propiedad pública e impulsados por las comunidades, y ponga fin al arrendamiento de tierras públicas a la industria de los combustibles fósiles para su extracción continua. Hasta que el Ejecutivo de Estados Unidos no tome estas medidas drásticas, las comunidades de bajos ingresos, muchas de las cuales son familias migrantes, seguirán experimentando la devastación y las secuelas de los desastres climáticos y la injusticia climática.
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Alianza Americas es la principal red de defensa transnacional de organizaciones lideradas por migrantes latinoamericanos que trabajan en los Estados Unidos, en todo el continente americano y en todo el mundo para crear una forma de vida inclusiva, equitativa y sostenible para las comunidades de América del Norte, Central y del Sur.
