El interés en el canal está impulsado por una combinación de preocupaciones de seguridad, apalancamiento estratégico y para abordar las altas tarifas para pasar por el canal. Una cuestión clave es la creciente influencia china en América Latina y en Panamá. La preocupación se ha centrado especialmente en las dos concesiones portuarias otorgadas a la empresa Hutchison Ports PPC, con sede en Hong Kong, que ahora están siendo revisadas. Mientras tanto, avivar la controversia sobre el canal le da a Estados Unidos un apalancamiento adicional sobre el manejo de Panamá de la migración a través del Tapón del Darién, especialmente a medida que la administración Trump continúa imponiendo vuelos de deportación. Cada uno de estos factores presenta desafíos reales y apremiantes para Panamá.

Sin embargo, la administración Trump y los analistas están pasando por alto en su análisis, a menudo económicamente estéril, o en su discurso frívolo sobre el rendimiento a largo plazo del canal es la causa raíz de sus desafíos: el cambio climático. 

Hace menos de dos meses el canal era noticia, pero acaparaba menos atención que hoy. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció sus planes de construir una nueva presa en el Río Indio para reforzar su suministro de agua y garantizar que la navegación pueda continuar por el canal sin interrupciones. Esta presa ampliaría el tamaño del Lago Gatún, y subsumiría innumerables comunidades desplazando a miles de familias que viven en el Río Indio.

Durante años, la mayor amenaza para el canal no ha sido la injerencia extranjera, sino la crisis climática que se desarrolla en su cuenca. La sequía y la deforestación han reducido constantemente el nivel del agua. En lugar de dar prioridad a proyectos que protejan la salud de los ríos, la ACP ha omitido tomar medidas significativas, mientras que organizaciones privadas como Natura trabajan activamente para encontrar soluciones en lugares como el Río Trinidad. La inacción de la ACP ha frustrado a los miembros de la comunidad, que nunca pudieron acceder a los cuantiosos fondos de esta entidad para apoyar sus proyectos, y ahora están a merced de su mala gestión de la cuenca. En este momento, la ACP y el gobierno panameño consideran que las consecuencias son inevitables, las rutas de navegación se han visto interrumpidas, las tarifas han aumentado y el tráfico se ha ralentizado, por lo que el lago debe ampliarse y las comunidades deben ser desplazadas.

Existen soluciones innovadoras, impulsadas por las comunidades, que podrían cambiar el curso del futuro del canal y no provocarían desplazamientos forzosos. Por ejemplo, para hacer frente a los problemas de deforestación, la implantación de sistemas silvopastorales podría tener un impacto increíble en la salud de la cuenca. Estos sistemas integran la ganadería con la restauración forestal, ampliando la cubierta arbórea y aumentando la biodiversidad en zonas transformadas en monocultivos de pasto. Los programas de reforestación, a menudo gestionados y financiados por MiAmbiente y organizaciones privadas como Natura, pretenden restaurar las zonas deforestadas, aumentar la retención de agua en el suelo y mejorar la capacidad de recuperación de la cuenca. Otros proyectos de infraestructuras propuestos ofrecen enfoques alternativos que no desplazarán forzosamente a las personas. El camino a seguir no tiene por qué ser a costa de quienes consideran esta región su hogar. 

El debate no se centra únicamente en si esto debería seguir adelante. Si sigue adelante, ¿cómo nos aseguraremos de que el reasentamiento se gestione de forma que se valore no sólo la propiedad, sino toda la forma de vida de una comunidad? 

Panamá se enfrenta actualmente al complejo reto de la reubicación, en particular con el pueblo Guna de las Islas San Blas. Estas comunidades indígenas, como las de Gardi Sugdub, están siendo reubicadas con la ayuda del gobierno panameño, debido a la subida del nivel del mar. Por desgracia, estos proyectos se han enfrentado a varios problemas. Por ejemplo, el gobierno panameño aún no ha proporcionado a la nueva comunidad los servicios esenciales que necesita, incluidas instalaciones de agua y saneamiento. Al igual que los Guna, deberíamos abogar por una reubicación basada en los derechos y dirigida por la comunidad. 

Las zonas designadas para la ampliación del embalse, en las regiones de Panamá Oeste y Colón, son ya algunas de las más vulnerables del país. Se encuentran entre las más pobres de Panamá y se enfrentan a altas tasas de desempleo y deficiencias educativas. La situación de la región se complica aún más por la degradación medioambiental. La deforestación de estas zonas ha provocado una escasa retención de agua en el suelo, un aumento de las tasas de escorrentía y la acumulación de sedimentos, lo que ha elevado la profundidad del lago Gatún.

Sin duda, el cambio climático ha ejercido una inmensa presión sobre el canal. La relación entre los ciclos de sequía y la presión sobre las vías de navegación sólo se intensificará. Las «soluciones» a los problemas climáticos del canal desplazarán a las comunidades, lo que lo convierte en un claro ejemplo de cómo el cambio climático provoca desplazamientos forzosos.

La comunidad del comercio global debe reconocer la profundidad de los sacrificios que estas comunidades se ven obligadas a hacer. Cualquier debate sobre compensación y reubicación debe basarse en ese reconocimiento y utilizar un enfoque basado en los derechos y dirigido por la comunidad. Aunque algunos proyectos y acciones podrían ayudar a mitigar estos impactos, el cambio significativo y real sólo vendrá de abordar seriamente las causas profundas del cambio climático.