16 de abril de 2020 — El manejo de la movilidad humana ante el COVID-19 ha sido una de las pruebas más importantes para los gobiernos de EE. UU., México y Centroamérica. Prueba que estos gobiernos reprobaron mostrando su ausencia de humanidad, su disposición a desconocer sus propios ordenamientos legales y a violar los tratados internacionales. Mientras que muchas personas pueden quedarse en casa, hay otros millones de migrantes y solicitantes en tránsito a su destino, y otros millones de personas aprehendidas, detenidas, incluso niños no acompañados, y esperando ser deportadas. Estas personas están atrapadas en limbos de miseria por políticas que les impiden pedir asilo, acogidos en un albergue o en campamentos de refugiados en las fronteras, esperando la oportunidad para solicitar protección internacional. Muchas otras están viviendo el encarcelamiento en territorio extranjero, viviendo un prolongado duelo de la deportación, o simplemente abandonados ante la imposibilidad de ser deportados en una frontera cerrada.

Resulta urgente entender que la pandemia no es momento para el cumplimento de la política migratoria a expensas del contagio de miles de personas. Se deben realizar esfuerzos para poner en práctica alternativas a la detención y terminar con la detención migratoria. Igualmente, se deben suspender las deportaciones, dado el riesgo de contagio en el viaje y la imposibilidad de garantizar que las personas no están contagiadas. Es inexcusable que los países más poderosos extorsionen y amenacen a los países pequeños si no aceptan a sus nacionales deportados, poniendo a prueba sistemas de salud débiles incapaces de responder a las necesidades de su población, mucho a menos a las de sus nacionales recién llegados.

El abandono en México

Para México, atender a la población migrante, brindándoles atención humanitaria no ha sido una prioridad. El gobierno desatendió las condiciones de hacinamiento en el campamento de Matamoros, Tamaulipas, donde al menos 2,500 personas están en situación de alto riesgo de contagio de COVID-19; además. Además, preocupa que en lugar de brindar soluciones, las autoridades estén cerrando lugares de acogida, como ocurrió en la Casa del Migrante en Piedras Negras, Coahuila.

El gobierno de López Obrador continúa respondiendo a la emergencia, sin planificación ni consideración por las personas que necesitan una adecuada respuesta humanitaria. Ejemplo de ello es el acuerdo para recibir personas solicitantes de asilo que son rechazadas por EE. UU. y enviadas a México de manera inmediata. La administración Trump está aplicando una facultad excepcional desde el 21 de marzo, mediante la cual todas las personas que son aprehendidas son retornadas a México sumariamente, sin permitirles solicitar asilo y sin una audiencia de deportación. Tan sólo el mes pasado se registraron 6,306 personas retornadas y se estima que la cifra suma ya los 10 mil desde el inicio de la crisis de COVID-19. No son sólo ciudadanos mexicanos, sino cualquier otro extranjero que ingresó a través de México, en su mayoría personas centroamericanas.

A su vez, México está transportando a las personas migrantes detenidas en el norte del país hacia el sur. Mientras tanto, en el sur del país, pese a los cierres de la frontera con Guatemala anunciados hace un mes, autoridades migratorias dejaron a su suerte a más de 480 personas de Honduras y El Salvador, sin ayuda económica ni documentación, y a merced de ataques xenófobos.

La pandemia exige atender e incluir a los migrantes y solicitantes de asilo, ofreciéndoles atención humanitaria, incluyendo atención médica, evitando el riesgo de contagio en los campamentos de solicitantes de asilo y en los centros de detención de migrantes. Ante el cierre de las fronteras, se deben buscar respuestas integrales para la población que quiere regresa a su país y que no puede hacerlo.

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