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Chicago, IL - La aprobación de la Ley Laken Riley por el 119° Congreso refleja el abandono de los derechos humanos como lineamiento ético para tratar a todas las personas en una sociedad, y la decisión de paralizar la política migratoria, al autorizar a los fiscales generales estatales a que demanden contra medidas y acciones que tome el ejecutivo. Esta ley no es sobre legalidad o seguridad pública, sino una oportunidad más para seguir impulsando una narrativa falsa sobre las personas inmigrantes.

“La presunción de inocencia y el derecho al debido proceso de las personas inmigrantes fueron atropellados por el Congreso de Estados Unidos para dar la impresión de estar actuando para generar seguridad para la población. La detención migratoria de una persona arrestada o acusada por hurto resultará en la privación de libertad de personas inocentes, en la detención por largos periodos de tiempo, y en la imposibilidad de concluir procesos penales, ya que las personas son retenidas en centros de inmigración en lugar de ser procesadas por el sistema de justicia penal. Bajo el pretexto de ofrecer seguridad se generará mucho sufrimiento e injusticia.” afirmó Dulce Guzmán, directora ejecutiva de Alianza Americas. “La Ley Laken Riley es un gesto simbólico irresponsable de legisladores que quieren dar la impresión de abordar desafíos sociales complejos, como el crimen violento, con medidas poco cuidadosas que no evitarán delitos. “Se convierte en ley tras el indulto de más de 1,500 personas que cometieron crímenes violentos contra oficiales de policía y amenazaron con destruir nuestra democracia. Esto no se trata de la seguridad pública o de obedecer la ley, se trata de separar a familias inocentes”, agregó Guzmán.  

"La aprobación de la Ley Laken Riley atenta contra la ejecución de la política migratoria, que se supone ser la razón que los animó a legislar. Toda política federal tiene consecuencias presupuestarias. Al legitimar a los fiscales generales estatales para demandar alegando que se le causó un perjuicio al Estado de más de $100, se les está entregando una herramienta para paralizar al ejecutivo en la definición y aplicación de la política migratoria. Los fiscales continuarán presentando demandas pensando en los dividendos políticos de sus acciones, antes que en los derechos de las personas", afirmó Helena Olea, Vicedirectora de Alianza Americas. "Esta ley es el producto de legislar para dar la impresión de actuar, de votar sin debatir y de no evaluar la consecuencia de las normas aprobadas. Lamentablemente, seremos todas las personas en Estados Unidos, ciudadanas y extranjeras, quienes sufriremos las consecuencias de una ley que no fue debidamente considerada y debatida, y que antes de crear más seguridad genera inseguridad. Pedimos a los oficiales electos que actúen con responsabilidad.” concluyó Olea.  

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Alianza Americas es la principal red transnacional de defensa de los derechos de las personas migrantes latinoamericanas que trabaja en Estados Unidos, en todo el continente americano y en todo el mundo para crear un modo de vida inclusivo, equitativo y sostenible para las comunidades en las américas.

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