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Medidas de control de la inmigración en la transición del Título 42 al Título 8

Hoja Informativa

28 de abril de 2023

Las medidas anunciadas por la administración Biden el 27 de abril de 2023 se pueden resumir en los siguientes puntos:

  • Con el fin del Título 42, volverá a aplicarse el Título 8, con requisitos y obstáculos adicionales, como la presunción de inelegibilidad para el asilo de aquellas personas que no cumplan una serie de requisitos, tales como;
    • Obtener una cita para cruzar la frontera con la aplicación CBP One;
    • Haber solicitado y que se les haya negado el asilo o reconocimiento de la condición de refugiado en un tercer país camino a EE. UU.;
    • Hay excepciones en casos de urgencias médicas, víctima de trata de personas, etc.  
  • El fin del Título 42 supondrá una ampliación de las deportaciones, incluido un aumento del número de vuelos de personas con órdenes de remoción en virtud de procedimientos de remoción acelerados, así como la prohibición de volver a ingresar a Estados Unidos durante 5 años.
  • La creación de centros regionales de procesamiento en Guatemala y Colombia en colaboración con las agencias de Naciones Unidas (ACNUR y OIM) junto con la presencia de funcionarios estadounidenses. Estos centros proporcionarán información y evaluarán las necesidades de protección internacional de las personas, incluyendo opciones para la migración a Estados Unidos, Canadá o España.
  • Las personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia con peticiones familiares aprobadas podrán obtener un permiso de viaje (parole) para ingresar a EE.UU. y no tendrán que solicitar un visado consular.
  • El programa “parole” (permiso de ingreso) para personas cubanas, nicaragüenses, haitianas y venezolanas continuará con un límite mensual de 30,000 personas.
  • La cuota anual de admisión de personas refugiadas procedentes de América Latina y el Caribe se duplicará para alcanzar las 30,000 personas.  
  • Otras medidas son la lucha contra el tráfico de migrantes en la región de Darién, el desarrollo de capacidades y entrenamiento para responder al aumento del número de cruces fronterizos tras el fin del Título 42 y un mayor uso del Programa de Alternativas a la Detención (ATD).

Puntos de discurso

    • Este anuncio pretende apaciguar las demandas contra la migración y xenófobas a favor de mayores medidas coercitivas y disuasivas, al tiempo que responde a los sectores que comprenden la difícil situación de las personas que buscan protección internacional.
    • Estas medidas siguen perpetuando narrativas tóxicas sobre las personas inmigrantes y la migración. La administración Biden no debe castigar a quienes se ven obligados a emigrar, sino reconocer las aportaciones que las personas inmigrantes hacen cada día a Estados Unidos y crear vías migratorias reales para quienes buscan una vida segura y digna en el país.
    • La idea equivocada de que las personas migrantes son algo dañino para el país, sigue siendo un criterio rector de las medidas migratorias que han adoptado los gobiernos de los EE. UU. a lo largo de las últimas 4 décadas, incluyendo las anunciadas el 27 de abril.
    • La lógica punitiva en contra de personas que migran de manera no autorizada sigue también vigente, cuando el problema de fondo es que NO hay vías realistas para la migración autorizada.
    • La mano de obra inmigrante es crucial para el bienestar de la economía estadounidense. La necesidad actual de personas trabajadoras en EE.UU. ha quedado al margen de estas políticas centradas en el control migratorio.
    • Las medidas anunciadas tienen por objeto restringir el acceso a las medidas de protección humanitaria vigente. Sin embargo, la legislación sobre protección humanitaria es obsoleta. Las leyes vigentes se basan sobretodo en criterios establecidos a mediados del siglo pasado, poco relevantes para quienes se ven forzados a huir de sus paíes hoy en día.
    • Estos anunciar representan un avance más en el proceso de externalización de fronteras. Los EEUU imponen su voluntad a los países latinoamericanos, a pesar de que los liderazgos de esos países entiendan lo fallido del enfoque de contención que hoy predomina.

Centros regionales de procesamiento

  • Los centros regionales de procesamiento confirman la externalización de la aplicación de la ley de inmigración estadounidense. Estos centros de procesamiento no deben convertirse en campos de refugiados ni en lugares donde se restrinja la movilidad de las personas.
  • Hay poca información sobre el funcionamiento de esos centros de procesamiento, salvo la presencia de agencias de Naciones Unidas. Podrían abrirse en otros países. Ninguno de ellos está operativo en este momento.
  • Se anunció que se utilizarán aplicaciones para solicitar citas. Otra medida que amplía la brecha digital y afecta a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
  • Las organizaciones internacionales desempeñarán un papel importante en la defensa de los derechos humanos de las personas que buscan información y opciones.
  • Las organizaciones dirigidas por personas inmigrantes vigilarán de cerca el funcionamiento de estos centros de procesamiento.

Falsas esperanzas en la ampliación de vías legales

  • Realmente, las vías regulares no se están expandiendo. El programa “parole” (permiso de ingreso) sigue siendo un reto importante para muchas personas que luchan por encontrar patrocinadores y obtener documentos de viaje. Además, el programa estadounidense para el reasentamiento de refugiados ha sido muy limitado en las Américas.
  • El programa parole (permisos de ingreso) establecido en enero de 2023 para personas cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas se enfrenta a muchos retos y deja fuera a un número considerable de personas en situación de vulnerabilidad incapaces de encontrar patrocinadores en Estados Unidos o cuyos gobiernos les deniegan o destruyen sus documentos de viaje. También carece de soluciones sostenibles a largo plazo, teniendo en cuenta que las personas incluidas en el programa reciben el permiso de viaje en Estados Unidos sólo durante dos años, periodo en el que deben solicitar asilo o encontrar otras vías si desean permanecer en el país.
  • En enero de 2023, a 11,673 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se les concedió parole en EE.UU. En febrero de 2022, el número de personas a las que se les concedió parole aumentó a 22,755. En marzo de 2023, se les concedió parole en los EE.UU. a 27,783 personas, casi alcanzando el límite de 30,000.
  • Es fundamental abordar los obstáculos lingüísticos y de los patrocinadores para que las solicitudes de parole puedan tramitarse de forma ordenada y oportuna.
  • En los primeros siete meses del año fiscal 2023, sólo 2,826 personas refugiadas de América Latina y el Caribe han sido admitidas en Estados Unidos, muy lejos del anterior límite anual de 15,000. En el año fiscal 2022, el total de personas refugiadas de esa región fue de 2,485.
  • La oferta de parole (permisos de ingreso) para personas que ya tienen visa de residencia permanente aprobadas de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras es una medida positiva. Sin embargo, el desafío es buscar cambios en la ley para garantizar procesamientos acelerados de las visas de residencia permanente.
  • Durante años, el gobierno de EE.UU. ha separado a familias y seguirá haciéndolo después de que finalice el Título 42. La agilización de la tramitación de parole de las peticiones familiares preaprobadas para personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia es una medida positiva, pero no se acerca a reparar el daño causado por años de políticas que separan trágicamente a miles de familias.
  • Las peticiones familiares tardan al menos un año. El programa de parole anunciado eliminará el requisito de obtener un visado consular, que se ha convertido en un proceso más largo debido a los retrasos en la tramitación de entrevistas en los consulados estadounidenses de América Latina y el Caribe.
  • La exclusión específica de medidas que faciliten la migración de personas mexicanas es una omision grave. Las personas de México siguen siendo el mayor número de nacionales que buscan ingresar a los EE. UU. Se observa un patrón de exclusión y castigo que ha afectado principalmente a las personas mexicanas, a lo largo de las últimas décadas.
  • El castigo que se impondrá a las personas que reincidan en los intentos de ingreso no autorizado, refuerza la lógica punitiva de la ley de inmigración de las últimas décadas.
  • La potencial negación de alivios migratorios para quienes ya están en territorio estadounidense abre la inminente posibilidad de regresar a la política de deportaciones masivas de personas extranjeras, sobretodo mexicanas, que caracterizó a la administración Obama.

El Título 8 y sus consecuencias en la frontera

  • El requisito de solicitar asilo en un país en ruta a EE.UU. y que se le deniegue para evitar que se active la presunción de inelegibilidad para el asilo ha sido muy criticado.
    • Los sistemas de asilo de México y Centroamérica no tienen capacidad para procesar un aumento abrupto de peticiones. Exigen a individuos y familias esperar durante meses, incluso años, en condiciones extremas, con la perspectiva de cumplir un requisito para poder solicitar protección internacional en EE.UU. Los sistemas de asilo de México y América Latina tendrían que renovarse y financiarse adecuadamente.
    • Además, las condiciones de seguridad y las posibilidades de integración económica dificultan enormemente la solicitud de asilo en esos países. Se trata de un requisito profundamente inhumano.
  • Depender de aplicaciones como CBP One para obtener citas para cruzar a Estados Unidos no es una verdadera solución. Más allá de los muchos problemas de orden técnico de tal plataforma, su diseño omite considerar la realidad de las brechas de conocimiento, incluyendo la brecha digital y deja fuera a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, al tiempo que no aborda las barreras lingüísticas a las que se enfrentan muchos migrantes indígenas y no hispanohablantes.
  • CBP One no funciona bien, el requisito de subir fotos lo ha hecho más difícil, sobre todo para las personas de piel oscura, que la aplicación no reconoce.
  • Es necesario crear otras opciones más acordes con las realidades de las comunidades latinoamericanas y caribeñas que se ven obligadas a huir a través del corredor Centroamérica y México.
  • Existe una gran desinformación y falta de información confiable en las ciudades fronterizas y en las redes sociales. El gobierno estadounidense debe emprender esfuerzos constantes y enérgicos para informar a las personas sobre sus políticas de inmigración y asilo. Los frecuentes cambios en las políticas contribuyen a crear un entorno de incertidumbre que permite a las organizaciones delictivas aprovecharse de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Causas fundamentales de la migración

    • Las medidas anunciadas por la administración Biden dejan de lado cualquier esfuerzo por abordar los factores causantes de la migración. Las personas se ven forzadas a salir de sus países ante la combinación del fracaso de las políticas, económicas, sociales, de seguridad pública y culturales, que siguen vigentes.
    • Abordar los factores causantes es un enfoque de política necesario que carece de financiamiento suficiente y que hasta ahora se ha centrado sobre todo en la inversión privada, que es, en el mejor de los casos, una herramienta de política sólida. Una financiación adecuada y enfoques sostenidos de política exterior son cruciales para cambiar las condiciones en los países de origen de los que muchos huyen.
    • Se necesita un enfoque nuevo de desarrollo integral, que ciertamente se beneficiaría de la inversión extranjera directa, que fije como meta elevar los niveles de vida de la mayoría de las personas en América Latina y el Caribe.
    • La disuasión y el aumento de las medidas coercitivas han demostrado ser enfoques fallidos que no cambian los múltiples factores que obligan a tantas personas a huir de sus países y sólo consiguen empujar a la gente hacia rutas más peligrosas que permiten prosperar a las organizaciones delictivas, lo que se traduce en el contrabando, la trata, la extorsión y el secuestro de personas migrantes y otras personas.

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